lunes, 25 de mayo de 2020

Uruguay: Déjà vu.



Macri y Lacalle Pou. De un lado y otro del espejo.



Un poco más de 30.000 votos fue lo que impidió que el Frente Amplio (FA) se asegurara un cuarto mandato consecutivo. Quizá fue el desgaste de 15 años seguidos de gestión, o la desaceleración económica, o el recambio generacional junto con la ausencia de uno de los "históricos" en la boleta presidencial, o todos estos factores juntos algunas de las causas que impidieron la continuidad en el gobierno de la coalición de centro-izquierda.


El cambio en versión charrúa


Vencía el candidato del "cambio" Luis Lacalle Pou. Hijo y bisnieto de líderes orientales había sido derrotado en las elecciones de 2014. Volvió a intentarlo; venció su interna y quedo como el segundo candidato mejor posicionado en la primera vuelta de las elecciones generales. Para la segunda vuelta cosecho el apoyo de todo lo que se encontraba a la derecha del Frente Amplio: Desde el tradicional y "liberal" Partido Colorado hasta el flamante y castrense Cabildo Abierto que revindica la última dictadura militar.

En campaña había prometido un "shock de austeridad" nada de gradualismo porque (según sus palabras) "los efectos negativos se extienden en el tiempo". Se proponía generar un ahorro de US$ 900 millones por año.

Además de esta promesa de bajar el gasto traía bajo su brazo un proyecto de Ley de "urgente consideración" (LUC). Es, a grandes rasgos, un mecanismo previsto en la Constitución uruguaya que acelera los tiempos de tratamiento legislativo de un proyecto de ley. Un propuesta ómnibus que incluía cambios en seguridad, educación, desarrollo social y otros.

A sólo diez días de haber asumido (el 11 de marzo) comenzaba a cumplir su promesa de campaña y anunciaba un ajuste que incluía una reducción de 15% del gasto público (excluyendo salarios), una rebaja en la devolución del IVA a las compras hechas con tarjeta y un aumento promedio del 10% en los servicios de agua, luz y teléfono. Todo esto maridado por una fuerte devaluación del peso, que llego a depreciarse un 18% en relación con el dólar. Todo esto en las dos primeras semanas de mandato.

El waze del auto Lacalle Pou iba por la ruta del ajuste hasta que el 13 de marzo se topo en su camino con Carmela Hontou y los primeros casos de Coronavirus en Uruguay, que hay que decir fue una de las últimas naciones de Sudamérica en tener un caso declarado en su territorio. Se promulgo la emergencia sanitaria la cual contemplaba la prohibición de eventos masivos, el aislamiento de las personas que llegaran al país procedentes de lugares de contagio y otras medidas de prevención sanitaria. Posteriormente se decretó el cierre de fronteras y la suspensión de clases presenciales.

Parecía que iba a haber un "recalculando" y si bien el Presidente no iba a dar un volantazo en su auto al menos iba a corregir un poco el rumbo y por lo menos tomar un desvió en el camino del ajuste que se había trazado cuando asumió.

Pero no, no se desvió ni un metro en su trayectoria. A pesar de los pedidos de la oposición y de los sindicatos el incremento en las tarifas de servicios se mantuvo y los aumentos entraron en vigor el 1 de abril. De hecho, más tarde se amplió cuando en mayo se autorizó el aumento del gas por cañería.

El auto del ajuste siguió avanzando cuando el 28 de abril se publico un decreto que determina que de cada tres vacantes que se produzcan en la administración pública nacional solo se cubriría una.

Faltaba todavía la nave insignia del Gobierno, ni la pandemia mas importante en los últimos 100 años iba a detener la presentación de la Ley de Urgente Consideración, la cual ingreso al Parlamento de la mano de la vicepresidenta de la República.

Dentro de los varios artículos que tiene el proyecto vale la pena destacar dos aspectos: en primer lugar la derogación del monopolio que tiene la estatal ANCAP para la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados a los combustibles. Una especie de déjà vu intergeneracional ya que fue el padre de Lacalle Pou quien intento, sin éxito, privatizar esta y otras empresas públicas allá por los años 90.

En segundo lugar, hay que mencionar dentro del proyecto de ley la propuesta que ilegaliza los piquetes y autoriza el uso de la fuerza pública para disolverlos en caso se realicen. Esto ya fue señalado por el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, que indicó que como está redactada la LUC afectaría la libertad de expresión. Por esta y otras razones la central sindical ya manifestó su rechazo a la ley con una movilización (conforme los parámetros de esta "nueva normalidad") para el 4 de junio.

Como en otros países de la región, y del mundo, el impacto socioeconómico del Covid-19 en Uruguay ha sido y será muy fuerte. Hay casi 200.000 trabajadores con seguro de desempleo y se ha registrado, para niveles uruguayos, un importante incremento en los alimentos. A pesar de esto Lacalle Pou ya rechazo un impuesto extraordinario a las grandes fortunas o algún tipo de renta básica universal. Aunque al Financial Times opine lo contrario estas medidas son desvíos heréticos en la ruta del ajuste.

Mientras la pandemia avanza sin control en Brasil y en Argentina la cuarentena rigida (al menos en el Área Metropolitana de Buenos Aires) se prolonga, el gobierno de Lacalle Pou puede capitalizar políticamente el (por ahora) éxito en el manejo de la pandemia sin imágenes de fosas comunes abiertas y sin realizar cuarentena obligatoria. La LUC todavía tendrá que ser negociada con los otros miembros de la coalición de derecha y una vez que suceda esto saldrá aprobada ya que cuentan con mayoría en el Parlamento.

En este escenario de depresión económica resta ahora preguntarse cuál será la reacción de la sociedad civil. ¿Se movilizará en medio de la pandemia para forzar algún desvió en el camino del ajuste? y caso suceda este escenario. ¿El gobierno hará uso de sus flamantes herramientas represivas?.