8 años de aborto legal en Uruguay

 

Naranja: así es el color de la campaña a favor del aborto legal en Uruguay.

Octubre de 2012 en Montevideo. El invierno ya se ha retirado y junto con los primeros calores en la explanada que rodea al Parlamento uruguayo se ven unas manos de color naranja y a algunas personas. Están allí porque se trata en el Senado el proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y con ese color es como se identifican a quienes están a favor de la legalización. Contrario a lo que podría pensarse la jornada transcurre con calma. Finalmente, el proyecto es aprobado en el senado y un mes después entra en vigencia. Desde el 29 de noviembre de 2012 que el aborto es legal en la República Oriental del Uruguay.

Vayamos un poco atrás en el tiempo. En 1907 se aprueba en Uruguay el divorcio (por la sola voluntad de la mujer), la separación de la iglesia del en 1917, la primera elección con voto femenino en Latinoamérica en 1927 y si la ¡despenalización del aborto! en 1934. Aunque tuvo una vigencia muy breve y nuevamente será ilegalizado. A pesar de ser uno de los países más laicos de toda América

tuvieron que pasar casi 80 años y varios intentos para que la interrupción voluntaria del embarazo volviera a ser legal en el paisito.

 

La aprobación de la IVE charrúa realmente fue "la tercera es la vencida" porque antes de ser ley el proyecto había sido rechazado dos veces. La primera en 2004 cuando no alcanzo la cantidad de votos necesarios en el senado (déjà vu) y la segunda en 2008 cuando a pesar de haber sido aprobada por el Parlamento, el Presidente Socialista Tabaré Vázquez veto la ley que legalizaba el aborto en Uruguay. 

 

Hacía falta que la mayoría parlamentaria que tenía el Frente Amplio fuera acompañada por el apoyo del ejecutivo. Esa combinación se logró cuando José Mujica alcanzó la presidencia en 2010 quien (como había prometido en campaña) no veto la ley del IVE cuando llego a su escritorio para su firma.

¿Cuales son los números de la legalización del aborto en Uruguay?

 

En el marco del 18° Congreso Uruguayo de Ginecología y Obstetricia se realizó la mesa redonda
“Cinco años de interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay” en los que se presentaron datos de la aplicación de la IVE en el país. En el cual, si bien hay un crecimiento, se empieza a notar un amesetamiento en la cantidad de interrupciones de embarazos realizados. 

Estadisticas de la aplicación de la IVE en Uruguay (Fuente: La Diaria)

Si bien la matemática no es mi fuerte, el aumento de IVEs por año se viene desacelerando (19% de 2013 - 2014, 10% 2014 - 2015, 4% 2015 - 2016 y 1% entre 2016- 2017) . Al punto de llegar a un promedio de 8900 interrupciones por año durante el quinquenio 2013 - 2017. Lo que coloca a Uruguay en el lote de países con la menor cifra de abortos en el mundo.

El otro aspecto a resaltar es que Uruguay prácticamente erradico las muertes por interrupciones del embarazo clandestinas. Mientras que entre 2001 y 2012 hubo que lamentar 31 muertes por interrupciones clandestinas, desde la aprobación de la ley esa tasa casi es igual a 0. Convirtiendo a este dato en un motivo de orgullo para las autoridades y usado para difundir su marca país en el exterior.

 

Muertes maternas 2001 - 2016. Drástica disminución desde la aprobación de la IVE en 2012 (Fuente MSP)

 

La estrategia de los sectores opositores al aborto consistió, como en otros países, en el de convocar una consulta popular para derogar la ley. Un mecanismo bastante usado, con diversos resultados, a lo largo de la historia charrúa. Necesitaban que un 25% del padrón participara de la consulta para de esa forma si habilitar un referéndum obligatorio para derogar la ley. Solo participó el 8% de la población por lo que la ley quedo firme.

La victoria de Luis Lacalle Pou en las elecciones del 2019 planteo un interrogante ¿La nueva coalición de derecha plantearía derogar la ley de interrupción del embarazo que se aprobó durante el gobierno de Mujica? Si bien desde las fuerzas más a la derecha plantearon la revisión de la ley (en la coalición también hay sectores pro aborto), el Presidente fijo su posición cuando le preguntaron sobre el tema. Dijo que como legislador había votado en contra del proyecto, pero que respetaba una ley que había sido votada por el Parlamento y que cuando se planteó a la población derogarla, se mantuvo firme. Por lo que no tiene pensado revisar el contenido de la ley. Convirtiendo a la IVE en una política de estado uruguaya. 

 

A pesar de esto señalo que su gobierno tiene una agenda "provida"  y que busca tener una política de desestimulo de los abortos por lo que diversos sectores favorables a la ley (partidos poltcos, movimientos feministas, la central obrera, etc´.) criticaron esta postura y se mantienen atentos a que puedan instrumentarse desde el Ejecutivo dificultades para acceder a la IVE. 

 

En un año de pandemia y de crisis económica, con esas excepciones el cuestionamiento a la legalización del aborto parece estar fuera de la agenda de la opinión pública uruguaya, una política publica que, según una encuesta de opinión en el momento en que era tratado el proyecto, goza del apoyo mayoritario de la población.

Un referéndum bien serio y de verdad

El serio Pedro y el sonriente Sergio.

A diferencia de lo que ocurre en Argentina, donde el Articulo 39 de la Constitución sólo permite el mecanismo de iniciativa popular o referéndum para sancionar leyes, siempre y cuando estas no sean sobre reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. En el vecino Uruguay su carta magna permite el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo sin importar el tipo de ley.

De hecho, también a diferencia con Argentina donde no hay antecedentes de realización de plebiscitos a nivel nacional, realizar reférendums es algo muy común en la democracia uruguaya. Desde 1985 se han llevado a cabo consultas populares contra la ley de caducidad (dos), contra la privatización de las empresas del estado y a favor del voto de los uruguayos en el exterior, eso para nombrar algunos de los que me recuerdo en este momento.

Convocar al electorado para realizar este tipo de consultas tiene sus riesgos o beneficios según como se mire. El fracaso de los plebiscitos, en 1989 y 2009,  para anular la Ley de Caducidad constituye un obstáculo para quienes quieren llevar a los militares uruguayos por los crímenes de lesa humanidad cometidos y el éxito en el plebiscito para anular la Ley de Empresas Públicas permitió que hoy Uruguay sea uno de los pocos países de la región donde el teléfono, la luz y el agua entre otros servicios permanecen en manos del estado.

Este año se realizan elecciones para elegir quien sucederá al entrañable Pepe Mujica y en conjunto con estas se llevará a cabo una consulta popular para bajar de edad de imputabilidad.

Si bien no tengo forma de probarlo, puedo decir a modo de hipótesis que los acontecimientos en Argentina terminan influyendo decisiones o debates que toma el sistema político uruguayo. Es decir, 1) Para que no pase lo que pasa cruzando el charco debemos tomar tal o cual medida. o 2) Una iniciativa que se propone en Uruguay termina siendo cuestionada porque es la misma ley que se sanciono en Argentina y como no queremos ser como ellos, debemos rechazarla. Puedo mencionar como ejemplo de 1) lo que paso con los alzamientos carapintadas que terminaron influenciando en la Ley de Caducidad y como ejemplo de 2) el debate que se da sobre el proyecto de "Ley de Medios" de Uruguay, donde sus detractores agitan el fantasma de la "Ley de Medios" Argentina para criticarla.

Un poco a mi entender influenciado por un aumento concreto en la criminalidad, lo que acontece en Argentina y por varios casos de amplia difusión mediática, la inseguridad se ha instalado como la principal preocupación de los uruguayos e incorporada en la agenda de todos los partidos políticos. En ese sentido Pedro Bordaberry, precandidato a presidente por el conservador Partido Colorado e hijo del fallecido gobernante de facto Juan María Bordaberry, comenzó en 2011 con una campaña de recolección de firmas con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad de los 18 a 16 años. Al año y medio de haber sido comenzada, consiguieron la cantidad de firmas necesarias para llevar adelante la consulta.

En esta campaña contó con el apoyo de su partido y de parte del Partido Nacional (o blanco) dos de los partidos tradicionales que gobernaron Uruguay hasta la llegada al poder del Frente Amplio en 2005. La reacción no se hizo esperar y en contra de esta propuesta se creo la Comisión Nacional No a la Baja, integrada por diferentes organizaciones sociales y partidos políticos. Distintas personalidades como TabareVazquez, el líder Blanco y precandidato a presidente Jorge Larrañaga o el nuevo arzobispo de Montevideo Daniel Sturla se manifestaron contrarios a la baja.

En los últimos meses, los impulsores de la iniciativa  de bajar la edad de imputabilidad se han mantenido al margen del debate. Por un lado ya consiguieron su objetivo de instalar el tema en y conseguir la firmas, por el otro se enfocan más en el comienzo de sus campañas presidenciales y en tratar de limitar sus discursos securitistas. En cambio, los detractores del proyecto han estado bastante activos en los últimos meses llevando a cabo pintadas en la calle y actividades en el espacio publico. La tienen difícil, las encuestas de opinión  muestra una clara mayoría a favor de la baja.

Recientemente una nota en el Observador menciono que Bordaberry tenia como referentes políticos a Mauricio Macri, Sebastian Piñera y Sergio Massa. Es curioso porque parecería que este ultimo se inspiro en este dirigente uruguayo para instalar la idea de hacer una consulta popular sobre temas vinculados con la inseguridad y de ese modo lograr una amplia difusión mediática.